Por Marcela Salas Cassani
En México el 5 de febrero de 1917 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Carta Magna, que meses antes promulgara en la ciudad de Querétaro el Congreso Constituyente, encabezado por el jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza.
Por ello, año con año en esta fecha, en México se conmemora un aniversario más de la Constitución Política que, supuestamente, garantiza los derechos fundamentales y rige la vida política de quienes habitamos en este país.
Y escribo supuestamente porque cada día las páginas de los diarios nacionales se llenan de noticias que dejan al descubierto el estado de anti-constitucionalidad en que se halla sumergido este país. Desempleo, represión, asesinatos. ¿Dónde están entonces las garantías individuales que el artículo 1º de la Carta Magna reconoce?
Cotidianamente la Constitución es violada sistemáticamente. El artículo 3º, por ejemplo, señala que “todo individuo tiene derecho a recibir educación laica y gratuita”, pero, ¿dónde quedó, para miles de niños, este derecho tan básico? Cifras de la UNICEF señalan que en México 1.2 millones de niños y niñas entre 5 y 14 años, no reciben instrucción alguna. Además, la calidad de la educación para quienes asisten a la escuela, deja mucho que desear según los últimos informes del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes.
Por otro lado, el artículo 6º y 7º hablan sobre la libertad de los mexicanos para manifestar sus ideas, así como para escribir y publicar artículos sobre cualquier materia, sin ser censurados. Pero en la práctica dichos artículos no son acatados; la realidad es diferente. ¿Y que hay sobre la libertad de expresión? Durante el 2009, doce periodistas fueron asesinados y ocho desaparecieron. Así mismo, se registraron siete atentados con explosivos a instalaciones de medios de comunicación en el país.
A finales del año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México informó que “cada vez son más los comunicadores que, en el ejercicio de su profesión son víctimas de intimidaciones, amenazas, persecuciones, atentados y desapariciones forzadas” y, según la Sociedad Interamericana de Prensa, México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina.
El artículo 28º es, probablemente, uno de los más evidentemente violentados. En él se asegura que “en los Estados Unidos Mexicanos, quedan prohibidos los monopolios”. ¿Es broma? El magnate de las telecomunicaciones Carlos Slim, domina la telefonía fija y móvil del país, con tarifas que se encuentran entre las más altas del mundo. Televisa y TV Azteca son las televisoras con más presencia en los hogares de México. Cemex, por otro lado, ejerce un aplastante control sobre la industria cementera. ¿Y la libre competencia, debajo de qué zapato quedó pisoteada?
Resulta penoso pretender hacer creer al pueblo que no están permitidos los monopolios, cuando el dominio de Gruma sobre la producción de maíz, de Bimbo sobre el mercado de pan y de Cervecería Modelo, es tan evidente.
Hay más ejemplos de que la Constitución no se cumple. El 16º: “nadie puede ser molestado en su persona, domicilio…”; el 27º: “sobre la propiedad de la tierra”; y el 123º: “sobre el trabajo y la previsión social”. En México, según informes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la desocupación es de 6.5% y se prevé que en el 2010 se pierdan otros 600 mil empleos.
Lo más alarmante del problema no es el incumplimiento de los derechos que nuestra máxima Carta garantiza, sino que se ignoran las garantías que la Constitución otorga. Sólo estando conscientes de los derechos y obligaciones que otorga la Constitución, estaremos en posición de exigir al Estado lo que por ley nos corresponde. Leamos la Constitución. Hacerlo sería el mejor homenaje para los mexicanos que hace cien años encabezaron la lucha revolucionaria dando su vida por un México más justo y democrático.
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